En el asunto de la vivienda todo el mundo quiere meter mano. Cuando un político quiere asegurarse la presencia de periodistas en una rueda de prensa o evento público, solo tiene que invocar algo relacionado con la vivienda para asegurarse el quorum mediático necesario. El problema es que la intervención de la Administración, o más bien deberíamos hablar de las Administraciones, no siempre va en el buen sentido. Incluso cuando supuestamente se quiere beneficiar al sector.
En este sentido, la Presidenta de la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la UE), ha anunciado recientemente la creación de una Comisaría de la Vivienda. Lo más sospechoso es que la nueva Comisaría (como se llaman lo que en España serían Ministerios y en EEUU Secretarías) se crea a instancias del Grupo Socialista Europeo, a cambio del apoyo con sus votos para renovar en el cargo a la incumbente Ursula Van der Leyen. No es por la procedencia ideológica de la iniciativa, que también, sino porque todo apunta a una nueva oleada de regulaciones y normativas, en las que los burócratas europeos son los mayores expertos del mundo.
La noticia es una ocasión tan buena como otra cualquiera para recordar lo que funciona o no funciona en cuanto a políticas públicas en relación con la vivienda. Históricamente, lo que más estimula al Sector es, sin duda, cuando no solo se traspasan las competencias de Planificación urbanística a los Ayuntamientos sino que permiten que estos se beneficien de los impuestos que se generan por la aprobación de licencias mediante cesiones de suelo para vivienda social y de infraestructuras para la ciudad en el ámbito de los Planes Parciales y Unidades de Actuación. Eso provoca un fuerte incentivo para las autoridades locales en cuanto a dar facilidades para la generación de suelo urbanizable y edificable. La corrupción de este sistema se da cuando los Ayuntamientos acaparan el suelo cedido y lo ponen en el mercado para obtener beneficios con los que llenar sus arcas y estimular a los votantes, en vez destinarlo a la vivienda social. Porque ya hemos visto que si los Ayuntamientos no promueven vivienda de alquiler reducido, el Estado actúa trasladando a los particulares y entidades financieras la política de asistencia social perjudicando el derecho a la propiedad. Ahí están la congelación de rentas, la alquiokupación o la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Como si las políticas sociales fueran responsabilidad de los propietarios y no de las Administraciones públicas.
El extremo de esta política de favorecer a las Administraciones locales para que generen recursos propios a partir del inmobiliario, se ha dado en China, donde la venta de suelo por parte de las entidades locales (todo el suelo es público porque es un Pais que viene del comunismo más estricto) era prácticamente su única fuente de financiación. Cuando ha estallado la burbuja inmobiliaria, y la población china ha dejado de comprar unas viviendas que cada vez valen menos en el mercado, estos municipios se han encontrado sin recursos con los que financiarse y se enfrentan a la siempre delicada situación de tener que elevar los impuestos. Por el contrario, el nuevo Gobierno laborista británico está por la labor de facilitar que los Ayuntamientos se beneficien de la generación de suelo y de la edificación de viviendas. Hasta ahora, era el Estado el que recaudaba los impuestos mientras que los Ayuntamientos soportaban la presión de los nimbys, los ciudadanos que se oponen a las molestias que producen las obras de edificación y urbanización (“not in my backyard”, o “no en mi patio trasero”). Por encima de los políticos locales, están los provinciales y autonómicos, que asumen la ordenación del territorio común y sancionan los planes urbanísticos, y por encima de estos el Estado con su Ministerio de la Vivienda. Hasta ahora, y con su nefasta Ley de la Vivienda, el Gobierno actual, solo ha aportado regulaciones y miseria para las propietarios, sin solucionar realmente las necesidades de la población vulnerable. Parece que la cosa tiene mejor pinta con la nueva ministra del ramo Isabel Rodríguez y el recién nombrado ministro de Economía Carlos Cuerpo. En cuanto de la nueva Comisaría Europea, se teme que solo aporte más regulación y más trabas para la edificación y urbanización en aras, eso sí, de los derechos del consumidor y de la lucha contra la crisis climática. También traerá más dinero público para compensar. Esperemos que la soga apriete pero no termine de ahogar al Sector.
Por Dionisio Escarbajal